IMPONER UN NOMBRE

[Otro interesante artículo sobre el verdadero matrimonio frente al abuso antidemocrático y aberrante que pretende el gobierno socialista, siguiendo la pauta que le ha marcado el lobby homosexual. ¿Por qué -se pregunta el autor- obligarnos a todos por ley a llamar matrimonio a una situación que jamás ha sido considerada tal? ¿No es un abuso de autoridad que alguien, aunque sea un Parlamento, imponga el significado de las palabras? Y más adelante: ¿Qué se busca? Quizá la respuesta esté en las manifestaciones de algunos conspicuos militantes del movimiento gay cuando han sido entrevistados: «A nosotros no nos interesa en sí el matrimonio, lo que nos interesa es la igualdad». ¿Por fin llegamos al meollo! (...) Lo que en realidad parecen desear es, sin más, que su unión sea socialmente considerada idéntica al matrimonio, por ley, que la ley diga o dicte esa identidad que tal vez jamás conseguirían culturalmente. Dentro de poco será ilegal enseñar en la escuela que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. ¿Es soportable que lo cultural se imponga por la fuerza de la ley? ¿Puede un Parlamento crear la verdad, el significado, e imponerlos a los ciudadanos? Muy interesante artículo que aborda con mucha lucidez el atropello cultural, social y antropológico que pretenden algunos, con apariencia de igualdad de derechos... Oh, la, la, mon Dieu! Lo publica hoy El Diario Vasco.]

#186 Hogar Categoria-Matrimonio y Familia

por Jorge Peñacoba, Teólogo y Doctor en Derecho Canónico
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Es loable garantizar la libertad individual y ampliar los derechos. Es un empeño irreprochable lograr que no se discrimine y sean respetadas socialmente las personas con una inclinación homosexual asumida en ejercicio de la propia libertad. Con imaginación, incluso se pueden conseguir reformas legales que eviten injustas discriminaciones en diversos aspectos jurídicos que reclaman. ¿Por qué, sin embargo, obligarnos a todos por ley a llamar matrimonio a una situación que jamás ha sido considerada tal? ¿No es un abuso de autoridad que alguien, aunque sea un Parlamento, imponga el significado de las palabras? ¿No se ha roto «el necesario equilibrio entre la ampliación de los derechos civiles de la minoría homosexual y la salvaguarda del interés general», como ha afirmado muy sensatamente una senadora del PSC, Mercedes Aroz?

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