EL PECADO ORIGINAL DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

[En una democracia verdadera, es razonable y muestra de salud ciudadana que haya sectores de la sociedad —a veces, sectores mayoritarios— que disientan activamente de algunas pretensiones del gobierno.

Así ocurre ahora en España. Se aprecia un creciente rechazo contra el proyecto del gobierno Zapatero para imponer a nuestros hijos una pretendida "Educación para la ciudadanía" cuyo contenido huele muy mal, aunque, como en el chiste, a algunos parece que les gusta el olor a huevos podridos.

Dice Ignacio Carbajosa en paginasdigital.es: “La asignatura ‘Educación para la ciudadanía’ se presenta como una materia ‘neutral’, que respeta las opiniones de los alumnos y fomenta un mínimo común ético aceptable por todos. (…) La idea de neutralidad es, en el mejor de los casos, claramente ingenua. En realidad detrás de ella se esconde el deseo de generar una nueva mentalidad que, más que neutral, es unificadora. Se entiende así que Gregorio Peces-Barba, poco después de la llegada al poder de los socialistas, afirmara, en referencia a la asignatura de ‘Educación para la ciudadanía’, que ‘sólo con ser capaz de poner en marcha esta iniciativa el Gobierno habría justificado la legislatura’ [Cf. ‘La educación en valores, una asignatura imprescindible’, El País, 22 noviembre 2004]” .

Aparentemente, el gobierno pretende seguir las directrices del Consejo de Europa, en el sentido de dar prioridad en la política educativa a una educación para la ciudadanía democrática. Pero eso sólo es una apariencia, porque hay una distinción esencial en el contenido.

Lo que preocupa al Consejo de Europa es la apatía política de los ciudadanos y su desconfianza de los gobernantes. Nada hace referencia a fundamentos éticos, ni el mundo afectivo-emocional aparece mencionado entre los objetivos de la educación para la ciudadanía.

En cambio, la educación para la ciudadanía que pretende el ejecutivo socialista español entra indebidamente en cuestiones de muy hondo calado moral. Entre otros: profundizar “en los principios de la ética personal y social”, ”construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas”, etc. ¿Quién es el Gobierno para expropiar y sustituir a los padres en su derecho fundamental a decidir con qué criterios morales desean formar a sus propios hijos?.

Como es natural, la ética que se enseña en esa asignatura es la del relativismo moral: es decir, nada tiene que ver con el esfuerzo por delimitar y distinguir lo bueno y lo malo; es la política de la tolerancia indiferenciada tanto hacia el bien como hacia el mal; es la política de la confusión entre el positivismo jurídico y la ética, especialmente en temas trascendentales como el derecho a la vida o el matrimonio.

“¡Son leyes!: ¡que cumplan las leyes, como todos!” Así, más o menos, se le veía gesticular y gritar en un telediario, de modo muy desagradable, a la Vicepresidenta Fernández de la Vega. Y claro, como la ley la aprueba y la cambia el poder, si la ética es la ley, la ética será lo que diga el poder en cada momento.

La ideología de género está presente una y otra vez en la Educación para la Ciudadanía, con su fraseología y parafernalia específica: “orientación afectivo-sexual”, “diversidad afectivo-sexual”, “homofobia”, etc. Y lo referente a la “identidad sexual”: como se sabe, para la ideología de género, ‘hombre’ y ‘mujer’ no son realidades naturales sino construcciones culturales”; “no existen dos sexos naturales sino distintas orientaciones afectivo-sexuales”, de idéntico valor; los “tipos de familia”, los “roles de padre y madre” en los casos de uniones homosexuales con criaturas a su cargo, etc.

De todo esto habla el Prof. Jorge Otaduy en un artículo titulado 'El pecado original de la educación para la ciudadanía', que fue publicado hace pocos días en ABC (20-VI-2007) y que reproducimos a continuación.]

# 393 Educare Categoria-Educacion

por Jorge Otaduy, profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra

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La democracia requiere un cierto grado de consenso en torno a los valores básicos -libertad, pluralismo, derechos humanos, imperio de la ley...- que garantice la subsistencia del modelo. ¿A quién puede extrañar que el sistema educativo contribuya a sostener tan noble causa? Convendría insistir aún más en la conveniencia de que la educación para la ciudadanía democrática fuera objeto de cualquier actividad educativa, formal y no formal, desarrollada por todos los agentes sociales, no sólo en el sector público.

Los decretos de enseñanzas mínimas han establecido ya los contenidos de la nueva asignatura. Se dice, y con razón, que se han rebajado las referencias más chirriantes a cuestiones con implicaciones morales inmediatas, como los tipos de familia, la dimensión humana de la sexualidad, la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sexistas.

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